Una fiscalización sobre casos con títulos de la deuda pública practicada hace 11 años terminó con las carreras de los dos jueces federales de primera instancia: Felipe Terán (N°2) y Jorge Parache (N°1). La auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación en causas con títulos de la deuda pública dio pie a la destitución de Terán en 2006 y a la renuncia con fines jubilatorios de Parache en 2007. El primero fue sustituido de manera transitoria por Mario Racedo hasta que el actual juez Fernando Luis Poviña tomó el timón del Juzgado Federal N°2. Daniel Bejas asumió como subrogante en el ex despacho de Parache y, luego, pasó a ser su titular regular. Tanto Poviña como Bejas llegaron a sus cargos por concurso y decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La auditoría del Tesoro halló irregularidades en la concesión de medidas cautelares en favor de tenedores de bonos alcanzados por la cesación de pagos declarada a fines de 2001. Por medio de medidas cautelares, los magistrados ordenaban al Tesoro la liquidación en efectivo. Las auditorías constataron que, en una decena de casos, hubo quienes cobraron o intentaron hacerlo por una cantidad mayor a aquella por la que habían iniciado los juicios en los despachos de Terán y de Parache. Los auditores del Tesoro indicaron que se habían agregado bonos comprados después de 2001 a posteriori de la cautelar dictada en tiempo record.
El informe de 2005 fue el punto de partida para la apertura de una serie de investigaciones en sede judicial. En 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a Terán y a otros acusados. Los casos de Parache avanzaron con otra velocidad: recién a fines de 2015 el fiscal Pablo Camuña pidió el juzgamiento del ex juez federal N°1 en el expediente “Scaravilli López”.